Praxis Arqueológica
Volumen 2
Número 1
Septiembre 2021
Pp. 21-39
DOI 10.53689/pa.v2i1.16


Ética de la arqueología en el contexto histórico presente
(Una reflexión autoetnográfica)
Ethics of Archeology in The present Historical Context (An Exercise of Self Ethnography)

Nuriluz Hermosilla Osorio

Departamento de Antropología, Universidad de Chile,nuriluz@gmail.com

Resumen

Se propone un análisis de un ejercicio profesional de la arqueología en un contexto de presente, bajo la perspectiva de una profesional que se reconoce en su historia y se pone al servicio del bien común en un contexto colonial de dominio. El aprendizaje se ha realizado a través del ejercicio de las defensas culturales de la autora, creando metodologías y un marco conceptual que considera la autonomía de las comunidades sobre su propia cultura como un sistema complejo en continua recreación. Se postula que el análisis contextual propio de la arqueología ha sido evadido en sus aspectos más políticos, lo cual a manera de hipótesis sería parte de la crisis ética de esta profesión, que radicaría en la relación entre el sistema capitalista y los objetivos de estudio.

Palabras clave: ética, arqueología, comunidades, complejidad cultural, luchas, autoetnografía.

Abstract

The article proposes an analysis of the professional practice of one archaeologist in a present context, professionals being in service of the common good in a colonial context of domination. The learning process of the author has been done through the exercise of cultural defences, creating methodologies and a conceptual framework that considers the autonomy of the communities over culture as a complex system in continuous recreation. I believe that the contextual analysis proper to archaeology has been evaded in its most political aspects. As a hypothesis, this would be part of the ethical crisis of this profession, which lies in the relationship between the capitalist system and the objectives of study.

Keywords: Ethics, archaeology, communities, cultural complexity, struggles, self ethnography.

Hoy entiendo que no soy otra cosa sino un
presente contaminado por todos los pasados,
los que construí como arqueólogo, los que viví como individuo
y por qué no también los que imaginé y soñé.

Zarankin

La arqueología como una ciencia situada, cada arqueólogo/a tomando posición en la vida que le va tocando vivir

Mi pequeña trayectoria laboral1 forma parte de la historia de Chile construida en los setenta del siglo xx, cuando estudié enmudecida, joven recién egresada de un liceo fiscal, teniendo una cotidianidad de conocides que desaparecían de la vida mía, para llevar sus vidas al exilio o sus muertes a lugares sin tumba. Allí, me «formé» en una universidad que guardó silencio y acalló las voces revolucionarias para sobrevivir; entonces les arqueólogues tomamos el camino de la ciencia (social), una ciencia entomológica de los bienes culturales, porque de esa forma podíamos aspirar a la vida académica que se nos abría como un horizonte de comodidad y bienestar de clase media. Claro que esa vida debía ser vocera del modelo extractivista académico si querías ascenso en la escala de poder. Al ser mujer, calladita te ves mejor; al ser hombre, más vale que amenaces con voz de trueno2.

Esa mirada de ciencia entomológica hizo sentido a mi aprendizaje infantil de una arqueología que «descubre tesoros», de arqueólogos que viajan a lugares donde se escucha el viento y se siente el sol en toda su magnitud, profesionales atesorarían objetos para que «hablaran» desde un pasado remoto y definitivamente muerto, a través de su boca, su discurso científico. Allí no hubo quiebre, pero la lucidez inoculada desde la ética de mis abuelas y abuelos mantenía una linterna encendida en los rincones de la percepción de la vida en dictadura.

En los ochenta, con mi flamante título, comencé mi búsqueda siempre encontrada de plenitud vital, que trajo aparejada la necesidad de abastecer hogar, cobijo, alimento cotidiano, adaptación, salud física y mental de mi pequeña tribu. En Chile, los noventa llegaron con su alegría desbordante y el corto espejismo del pueblo en las calles. Pero sus reflejos de luz nos informaban en paralelo que «pueblo» ya no era una

palabra bien vista, que había que iniciar un camino disciplinado hacia un futuro luminoso de consumo y éxito personal. Postergamos colectivamente el poder de decisión acerca del futuro generoso y colectivo. Allí la vocación, mi vocación, también dejó para después el cuestionamiento público y se insertó en un ejercicio de cuidados de la vida. La certeza de trabajo significó las rejas de hierro al pensamiento del bien público. Separado drásticamente del ejercicio cotidiano de la crianza, donde el pensamiento ético era obligatorio, pero que siglos de práctica clandestina femenina me ayudaron a mantenerlo en el espacio seguro de la privacidad.

En los noventa se entronizó de la mano de la socialdemocracia, el modelo instalado por la dictadura cívico-militar, que robó recursos de las arcas fiscales, denegó justicia a los vulnerados y avanzó como animal insaciable («¡Xipamün Pu Ülka!», según Pu lov y comunidades lavkenche en resistencia, 2017, ver también Harvey, 2004) en busca de nuevos territorios que depredar bajo su propia utopía de poder total para las élites (Bustos y Prieto, 2019). Este modelo también trajo una ética, que se alojó en el ethos del nuevo modelo y sus agentes: el lucro, la reproducción y el crecimiento de las fortunas, en lo que se llamó un capitalismo salvaje (Cuevas et al., 2018), basado en su ejercicio principal, la especulación, y apoyado en la corrupción y el brazo armado de la represión (Rojas, 1988). Habiendo expropiado para la propiedad privada, conceptualmente y en los hechos, los bienes que usufructuábamos colectivamente, se sacaron bajo la manga leyes medioambientales, indígenas y patrimoniales, para poder explotar los territorios que aún no habían sido convertidos en latifundios, ciudades, infraestructura vial, monocultivos, megaminería3.

Con mi maletita de herramientas aportadas por la arqueología aprendida en la academia, habiendo sido expulsada del paraíso del museo de provincia, me inserto en este novísimo campo de los estudios de impacto ambiental, que no solo ha sido éticamente aceptado por la versión oficial de la Historia, sino que reclama la urgencia de la acción para «salvar» el universo de «restos arqueológicos» con serio riesgo de desaparecer frente a este naturalizado tsunami de inversiones en los territorios. Claro, de igual forma quienes estaban cómodamente sentados en trabajos académicos nos calificaron de vendidos al capital, mediante el torcido argumento de «no hacer ciencia».

Ni quienes estaban en la academia o museos privados, ni quienes estábamos en terreno salvando el destrozo, nos cuestionamos para qué hacíamos arqueología, pregunta ética fundamental de todo ejercicio profesional. Más aún, fuimos sacrificando el alcance de los bastiones éticos que compartíamos –como la preservación de saberes antiguos– por un ejercicio en la medida de lo posible, como la democracia misma que se implantó en el país. Todos estos parámetros éticos se fueron adaptando a directrices académicas provenientes del hemisferio norte, ya sea de universidades o de consorcios de inversión. En la academia se validó el conocimiento entomológico, clasificatorio de objetos, para la libre construcción de modelos explicativos que llevaban en sí gérmenes de competencia, dominio bélico territorial, acumulación de riqueza.

El nuevo milenio me encontró pudiendo aportar a mi pequeña tribu el sustento mediante el ejercicio profesional de la gasfitería (plomería) arqueológica en los estudios de impacto, poniendo al servicio mi maletita de herramientas, investigando la paleoecología del cordón de Chacabuco4. En nuestras prospecciones exhaustivas financiadas por Fondecyt, incorporamos a la investigación la propia mirada hacia nuestras estrategias cognitivas (Hermosilla, Lavanderos, Saavedra, Vargas y Carrasco 2002). En esta incursión en la cibernética de segundo orden, que incorpora al observador en el análisis, inventamos categorías como la cat (Configuración Arqueológica Territorial), que aportaban a un ejercicio más transparente al menos de nuestra profesión de prehistoriadores. Pero ello fue considerado no científico, alejado del conocimiento objetivo e incluso peligroso para la naciente arqueología chilena. Me acuerdo de una colega y profesora que me dijo alarmada a la salida de una exposición sobre el tema: «Está impecable desde el punto de vista lógico, pero qué quieres decir: ¿qué todo lo que hacemos está mal?». Allí estaba la campanilla ética, esa inquietud de para qué hacemos arqueología, que tampoco nosotres podíamos ver. Fondecyt nunca más nos financió, tuvimos que buscar los caminos divergentes que nos permitieron seguir abasteciéndonos y pensando la ciencia.

Continué el sustento de mi tribu con los estudios de impacto ambiental, siendo contratada por múltiples consultoras (que a su vez eran contratadas por las empresas, como está estipulado en una ley propia de un Estado subsidiario) y conformando con un equipo de arqueólogues la pequeña consultora Nawel, que intentaba hacer bien su trabajo y publicar también «en la medida de lo posible» los resultados de tanta prospección y excavación para mitigación de impacto y liberación de territorios. Este ejercicio profesional significó encontrarnos con lo peor de los operadores políticos y empresariales, y nuevamente ser testigos del atropello a la dignidad de los habitantes de los territorios. Gran parte del creciente gremio debió trabajar en alguna parte de esta gran maquinaria montada para el extractivismo empresarial, incluso quienes trabajan en la paupérrima institucionalidad fiscalizadora e intentaban mantener los estándares de conservación.

El año 2005, empecé a hacer clases en la Universidad de Chile. Pude esquivar apropiadamente el dominio de la ciencia oficial, gracias a que no aspiraba a ningún puesto de poder y a una práctica que agradezco a mis colegas y compañeros de universidad: la libertad de cátedra. Entonces, en diálogo con les alumnes pude por fin investigar los propósitos de la arqueología como un ejercicio profesional situado (Hermosilla, Lavanderos y Saavedra, 2003; Hermosilla y Lavanderos, 2008). En este marco, la arqueología del presente ha sido utilizada como inspiración por les alumnes para realizar sus propias aproximaciones críticas a las luchas comunitarias de los cientos de territorios en conflicto con el modelo extractivista de desarrollo, y ensayar defensas culturales, con los argumentos de las propias comunidades como fuentes de derecho (Acuña y Hermosilla, 2020).

Hago esta inmensa introducción a mi artículo, porque recién en este punto entronca mi vida con las presentaciones que he hecho en las reuniones de Teoría Arqueológica de América del Sur (TAAS), que apuntaban a expresar este camino de investigación que no podía expresar en otros lados. El primer TAAS en que participé se efectuó en La Paz, Bolivia, en el 2016, y mi trabajo apuntó a desarrollar mis investigaciones acerca de los procesos de patrimonialización en Chile y en Bolivia, lo cual formaba parte de mis estudios doctorales en Estudios Latinoamericanos, de los cuales fui eliminada en 2014, con mucho maltrato –debo decirlo– después de cuatro años de estudio con las mejores notas, porque tampoco calzaba con los parámetros de la ciencia oficial y porque resultaba de un «activismo» propio de los levantamientos estudiantiles del 2011. Me recomendaron que dejara el camino académico y «mejor me fuera a hacer activismo al sur», imagino que refiriéndose al Wallmapu, tierras mapuche. En La Paz presenté el trabajo «Arqueología de la memoria y visibilización del territorio mapuche», pero sobre todo el VIII TAAS me dio la oportunidad de discutir de igual a igual con maravillosos colegas de Latinoamérica que también se sentían incómodes, o incomodaban al modelo instalado en nuestros territorios por el neocolonialismo extractivista.

Cuando expuse el presente trabajo en el IX TAAS en Ibarra, Ecuador, el 2018, veníamos de un turbulento año de tomas feministas en todas las escuelas y universidades del país. Fue mi primer gran vórtice de sentido en el que fui muy activa, presentando en medio de las tomas universitarias los casos que, especialmente el crimen de Macarana Valdés, expliqué en Ibarra bajo el título del presente texto («Ética de la arqueología en el contexto histórico presente»)5.

En ello nos encontró el segundo gran vórtice de sentido: la revuelta que se inicia en Chile el 19 de octubre del 2019, donde participé cada día con mi mochila de aprendizajes en arqueología del presente. Allí despertaron los habitantes del país y salimos a la calle a derribar los muros que nos dominaban y que no podíamos intelectualizar más que en ruido, eslóganes, canciones compartidas, corazones abiertos y miradas cómplices, dejándonos llevar por aquello que la ciencia, la academia, la institucionalidad no podía siquiera nombrar, menos pensar o dominar. Mientras la violencia fue la única respuesta de parte del gobierno empresarial y los patriarcales poderes del Estado, muches arqueólogues buscamos la forma de entender qué pasaba, armando conversatorios, pidiendo explicaciones a los artistas y otros autores de las obras de arte que cubrieron barrocamente nuestras calles, recogiendo y mapeando cartuchos de la represión. Allí, yo presenté la ponencia «Arqueología que reside en el presente ¿para quién trabaja? Proposición y preguntas para una arqueología de servicio», el 22 de noviembre del 2019. Nos dimos cuenta de las pobres herramientas explicativas de que estábamos dotades. Por suerte también sentimos que parte de nuestras vidas, de nuestras biografías éticas, se jugaba allí, y sin entenderlo mucho también nos dedicamos a intentar construirnos como comunidad pensante. En mi caso, a través de la participación gremial en el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A.G., nos fuimos construyendo en la lucha contra la legalidad institucional que se nos ha intentado imponer a sangre y fuego, como en una pedagogía de lo que no queremos ser. Y, de alguna manera, en un proceso que está en pleno curso, nos articulamos con otras comunidades y comenzamos a preguntarnos por fin, colectivamente: arqueología ¿para qué?

Es por esta trayectoria que pienso que este nuevo vórtice lento y natural de la pandemia nos encuentra mejor parados que si no estuviésemos viviendo lúcidamente en una revuelta social. Es en este punto en que vida y ejercicio profesional pueden juntarse en una posible coherencia ética.

Pido disculpas por no citar a todes les que han abierto la legitimidad de este tipo de cuestionamiento, principalmente luchadores y luchadoras mapuche en los territorios y en la warria (ciudad), zapatistas, kurdas, bartolinas, afros, lelas, abuelas, madres, hermanas y compas en la calle, en las aulas y ahora en las telesesiones. Después de esta larga introducción explicativa, en narrativa autoetnográfica, paso a una interpelación usando parte de lo que expuse en Ibarra, en el pensamiento de que sirva para la lucha que en la medida de nuestra fuerza y lucidez podemos dar les arqueólogues.

El llamado de las comunidades, la interpelación al ejercicio profesional

Cuando el ejercicio de la arqueología intenta realizar un diálogo intercultural, por lo general no puede evitar imponer categorías y conceptualizaciones provenientes de la academia o de quienes les han encomendado el estudio de territorios en el marco de proyectos de inversión. Pienso que en este punto, la arqueología debe detenerse y reflexionar desde las bases de su conocimiento. Somos sustento de políticas públicas patrimoniales, educacionales, de discursos hegemónicos en los medios. Participamos en la construcción del imaginario colectivo y debemos hacernos responsables.

Propongo comenzar por preguntarnos «para qué», como una forma de recuperar una postura ética. En una arqueología del presente, se puede acceder al relevamiento de las estrategias de uso del territorio, como emergente del ethos cultural de los pueblos (Ther, 2012). Con un fuerte foco en los contenidos culturales de los relatos de las personas, con el apoyo en los métodos tradicionales de la arqueología prehistórica y relevando los documentos que hablan de un tiempo situado en la historia. En un marco de colonialidad y agresiva incursión en territorios y dominio de sus habitantes, resulta inevitable (desde la humanidad) ponerse al servicio del agenciamiento territorial de los pueblos cruzados por la historia. Entonces, desde objetos de estudio, pasamos a tratar con sujetos de derecho.

Es en este nuevo milenio que sucede la interpelación de las comunidades para que pongamos nuestras herramientas y nuestra búsqueda de comprensión (entendimiento) al servicio de sus causas. En la comprensión compleja antropológica, es posible y necesario relevar la situación de desigualdad, dominio, despojo, daño, propia de este neocolonialismo capitalista. Desde comunidades mapuche solicitaron a la Defensoría Penal Pública que se pusiera una arqueóloga en la defensa de los inculpados de Huentelolén.

Las defensas culturales, solicitadas en el marco del trabajo con el servicio estatal denominado Defensoría Penal Pública, permitieron que se desarrollara un proceso de construcción argumental con las comunidades en lucha y al mismo tiempo dentro del sistema judicial. Este constituyó el centro de la exposición realizada en Ibarra, en el marco del IX TAAS. Sin embargo, estos resultados entretanto fueron publicados, pues habían sido presentados en sendos simposios de antropología jurídica (Hermosilla 2017a, 2017b). Se trató de defensas culturales elaboradas para los procesamientos a luchadores mapuche como José Huenuche, Mario Cayupi, Martín Marileo, Gastón Antileo y varios más desde los años 2015 en adelante en las comunidades de Huentelolén, Juan Porma, Likankura, Carampangue. Allí el castigo infringido por la policía militarizada y el poder judicial incluyó mutilación ocular, persecución, prisión y maltrato a familiares. La ocupación del territorio cuestionada por el poder empresarial no era más que la vuelta al uso tradicional del territorio, reivindicaciones territoriales productivas comunitarias, reapropiaciones del derecho territorial simbólico, marcado por hitos como cementerios, cerros tren-tren y otros lugares de uso ancestral usurpado.

La importancia de estas defensas culturales radica en la construcción de cada uno de los casos con base en la legitimidad histórica de los relatos. La construcción colectiva de esta memoria histórica y el derecho al ejercicio de reproducción cultural formaron parte de esta ética compartida por varios profesionales involucrados. Por parte de la Defensoría Penal Pública, con sus abogades y facilitadores interculturales, destaco la labor y conciencia de la educadora intercultural Angela Morales Cayuman, en la estructuración de la defensa dando pie para que cada une de les defensores dejara aflorar su vocación de justicia6.

Mi trabajo como arqueóloga consistió en mostrar lo que las comunidades esperaban: evidencias de derecho territorial, que no es un asunto de personas sino de derechos colectivos, derecho a la existencia; evidencias del despojo y el daño criminal que surge como efecto de una ocupación colonial de los territorios, de la usurpación de la autonomía y el natural derecho a la existencia y reproducción cultural, el derecho colectivo de presente y de futuro. Muchas veces, y a falta de especialistas del área de las ciencias naturales, se me pidió que explicara también los delicados equilibrios de la ecología. Debo decir que allí aproveché una cierta aura de prestigio y verdad que rodea a la academia al sentarme en el estrado en calidad de perita cultural.

Al estar trabajando desde el entramado legal que aporta el Estado, mostré que el punitivismo antimapuche contraviene los propios fundamentos que dice tener el Estado7, denunciando estas contradicciones desde la misma legalidad nacional e internacional que ha suscrito el país (Constitución de la República, Convenio 169 de la OIT, Ley de Monumentos Nacionales, Ley Indígena, etc.).

Para estas defensas culturales, elaboré una conceptualización que ha sido muy útil en el ejercicio de la arqueología del presente. destaco la validación del aporte de la antropología y el valor de los relatos como data fundamental de descripción y análisis territorial e histórico. El uso del concepto de habeas data, que revisaré más adelante; el valor de ancestralidad dado por genealogías que recuperan el ser social de quienes habitaron los territorios. Al construir genealogías (basadas en los relatos y en los archivos documentales), es posible encontrar las generaciones ancestrales cruzadas por los eventos históricos, la construcción de los nombres y las estructuras de parentesco, todo ello apuntando a la vinculación social con territorios y una ancestría más allá de la genética.

Es de alta relevancia el ejercicio de desmontaje del entramado conceptual que se sostiene en el valor de cambio, que otorga impunemente la medida ética de relación del ser humano con el territorio. Sostener la defensa en el valor simbólico del territorio permitió la generación de un modelo de enclaves para la valoración diferencial de la geografía, que finalmente permite el registro de seres no humanos y energías del ambiente, que hemos resumido en el neologismo de newentropía. Destaco que este concepto fue aceptado como novedoso por las comunidades mapuche involucradas, en tanto permite describir en mapas lo invisible para los ojos occidentales y validarlo.

Dos de los defendidos (Huenuche y Cayupi) eran kuriche (ayudantes en la liturgia) de la machi Margarita Carilao, y fue ella quien hizo una defensa bilingüe de sus ayudantes en el juicio. La presencia de sitios arqueológicos y la toponimia de los lugares demuestran que estamos en territorio mapuche, que hunde sus raíces históricas al menos 2.000 años allí, aunque puede también alcanzar los 14.000 años de presencia humana en el territorio. No es relevante la antigüedad mayor o menor, pero sí su sentido de responsabilidad colectiva en la conservación del territorio y el profundo conocimiento de sus ciclos y relaciones complejas, cosa que también se refleja en los nombres de plantas, animales y geoformas.

Otros conceptos desarrollados fueron los de responsabilidad y pertenencia en sociedades segmentarias (Cisternas, 1992), el rol del mito (como repositorio de verdad ética) y los ritos (como recreaciones, reforzamientos y actualización) en la reproducción cultural; la organización cotidiana y anual en torno a los ejes de trabajo productivo; así también en las reivindicaciones territoriales consideradas estratégicas en la supervivencia colectiva y reproducción cultural. Mario Cayupi, con su hija en brazos, me explicó este sentido profundo de la lucha: «Si mis padres hubieran luchado por recuperar el territorio no tendría que estar yo ahora haciéndolo; no le dejaré esta tarea a mi hija».

El registro en terreno incluyó la constatación de daño extractivista ambiental. El registro de enclaves culturales y la existencia de antiguas fronteras porosas; el ejercicio de prácticas de propiedad privada en conjunción con formas no capitalistas o periféricas de las formas centrales de contratación de trabajo y uso del suelo; la libre circulación. Participé en rituales, constaté la relevancia de compartir en ese territorio, con esa comunidad, la cultura en acción.

Recogí la mirada histórica sin soluciones de continuidad artificiosas, pues la evidencia territorial también recoge la violencia política en contexto de dictadura. El relato histórico no se corta entre la llegada de la dictadura y la democracia, no se establecen límites artificiosos en el continuo del relato, como una hebra que conecta con el momento presente y los individuos de carne y hueso.

Algunos hitos de desempeño y aprendizaje

Si bien la interculturalidad gestionada desde el Estado se da en ámbitos como la educación y las salud, la relación entre ejercicio activo de la arqueología en el presente parece tener su situación más política y coyuntural en el ámbito de un extractivismo que toma posesión de los terrenos para su explotación. Paso a relatar algunos casos en que me tocó participar y nuevamente poner el esfuerzo creativo en un camino de «hacer bien las cosas», en cumplimiento de una ética arqueológica no explicitada.

Mina Salamanqueja. Ejercí como perito en arqueología por solicitud de la Superintendencia de Medioambiente, ante el daño ocasionado por el trabajo descuidado de una empresa minera sobre un muy extenso taller lítico conformado por cientos de pequeños locus de talla. Claramente era posible determinar el daño arqueológico, pero la explicación de una categoría superior llamada daño medioambiental radicó en la descripción de la destrucción del único pequeño sector posiblemente habitacional en la gran extensión de la pampa, antes de su estudio. Le llamé el corazón explicativo del sitio, y la empresa responsable fue objeto de una multa ejemplar. Fue necesario explicar estos criterios que llevó la empresa en las diversas instancias legales, llegando hasta el Consejo de Defensa del Estado8.

Estudio de miniembalses y canalizaciones de riego con pertinencia cultural. Este proyecto nos llevó a las tierras altas de Tarapacá, a ser testigos de lugares fuertemente impactados por el avance extractivista, pero con comunidades empoderadas que mantenían actividad agropastoril a través de la figura de ser propietarios de la tierra y los derechos del agua. Entonces, en esos lugares de nombre maravillosos como Limaxiña, Chusmiza, Puchurca, Poroma, Pachica o Carora, mi rol como arqueóloga fue participar en etapas tempranas de planificación y poner atención a dirigentes comunitarios en diálogo con ingenieros hidráulicos, así como personal burocrático, en la defensa y preservación de las propias formas de conservación, subsistencia y reproducción cultural.

Catastro de sitios ceremoniales de la provincia de Arauco. Se trató de un estudio contratado por el Estado, en el marco de un compromiso contraído en una consulta indígena: hacer el levantamiento de los bienes patrimoniales indígenas de la provincia de Arauco. Ante la posibilidad de reducir este patrimonio material a su más mínima expresión, lo cual pudiera servir a la apropiación de los terrenos no patrimonializados, expresamos que no era posible separar y limitar el patrimonio cultural. De esta manera, se construyó con las comunidades que quisieron participar unas gigantes «fichas territoriales» que fueron inclusivas desde el punto de vista histórico y territorial, según lo expresado por las propias autoridades locales, respetadas como tales (chachay, papay, lonko, machi, kimelfe y otros), evitando los conceptos asociados a valor monetario, transacción, bienes de cambio, enfatizando valores de uso y valor simbólico de los territorios, bajo la metodología de txawün (asambleas) y caminatas en terreno, visitando y registrando aquello que las comunidades quisieran relevar.

Procesos de consulta indígena. Desarrollados en el marco de la legislación medioambiental y bajo el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile desde el 2009, figuras que hacen obligatoria la consulta a las poblaciones indígenas previo a la instalación de proyectos de inversión. El Sistema de Evaluación Ambiental del Biobío tomó medidas para igualar las condiciones para la realización de evaluaciones ambientales. En ese marco, el Estado contrató profesionales para que se pusieran al servicio de las comunidades y, como debía primar la buena fe, los profesionales debían contar con toda la confianza de las comunidades. Entonces, abogades, antropólogues, arqueóloga, lawentuchefe (conocedor tradicional de medicina herbolaria y botánica), nos pusimos al servicio de las decisiones estratégicas de las comunidades Rewe Chilcoco, Yani, Tubul, Antiguala, Elicura, Lebu, algunas de ellas en reivindicación territorial9, confrontadas a la instalación de proyectos eólicos y líneas de alta tensión, entre el 2014 y el 2019. Frente a los intentos oficiales por compensar el ingreso a los territorios de las empresas extractivistas, mediante propuestas de «puesta en valor», alejadas de los intereses y la comprensión de mundo de las comunidades, sostuve que el patrimonio debía ser registrado por quienes mandatan: las comunidades en defensa de sus modos de vida. Así los territorios pudieron ser comprendidos de manera compleja y expresados en su propio idioma, en pos de la reproducción del itxofilmongen (biodiversidad y más), del kümemongen (buen vivir); su arqueología dinámica (que incluyera las vías de circulación, los lugares relevantes de tiempos subactuales, por ejemplo); fronteras de carácter poroso; lugares de historia propia georreferenciada. Para realizar este trabajo se contó con una gran propuesta conceptual avanzada por parte de la comunidad de Chilcoco, quienes ya habían registrado su patrimonio a través de los relatos de su gente (Salas y Roa, 2011).

Mediante estudios de ancestralidad, se relevaron huellas en la documentación y en la memoria del ejercicio de autoridad tradicional y oficios ancestrales, machi, tejedoras, pescadores, lawentuchefe, lonko. En reversa, se observó en las historias de vida el avance de la educación formal, partiendo desde generaciones monolingües del mapuzugun (denominados «analfabetos» en los documentos). En varios sentidos, se relevó el contexto cultural en que se produjo el despojo, la expulsión de los territorios, el castigo ejemplarizador, los caminos de la pobreza y la condición de una vulnerabilidad, único rasgo visto por el Estado. Se prolongó la constatación de daños hasta los tiempos presentes, en la destrucción de una trayenko, la piedra llawinkura, el rewe cortado con motosierra. Esta historia familiar fue recogida en la forma de argumentos de justicia, que fueron proporcionados por los propios relatos y que convertimos en un gran cuadro explicativo (Hermosilla 2017b, 2017b; ver Figura 1).

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Figuras 1a y 1b.
Análisis histórico de lucha y despojo del Rewe Chilcoco.

Tranguil, el contexto extractivista, las pruebas de un crimen empresarial. Trabajé en el daño cultural ocurrido en Tranguil, en el marco del caso de Macarena Valdés Muñoz, activista mapuche asesinada el año 2016. Relevé que la pareja constituida por Rubén Collío y Macarena junto con sus cuatro hijos hicieron su proyecto de vida en la recuperación del compromiso con el medioambiente, la construcción de una mapuchidad que se engarza con la fundamental vocación curatorial que se opone a la extracción forzada de recursos. Ellos, habiendo nacido y vivido en Santiago, se trasladaron a Tranguil como parte de este proceso vital.

Las entrevistas se centraron en Julia Quilempán, lonko de la comunidad Newén de Tranguil. Con ella construí su genealogía e historia de la ocupación del territorio, realicé reconocimiento y registro en el terreno. De estas actividades, derivé el peritaje cultural de daño ambiental y patrimonial por parte de la empresa RP Global (hoy RP Arroyo). Demostré que la empresa se instaló en tierras indígenas sin consulta ni autorización de sus legítimos dueños, desvió el curso del río Tranguil e instaló la casa de máquinas en un cementerio indígena posterior al terremoto de 1960, destruyéndolo completamente (ver Figura 2).

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Figura 2.
Diagrama de daño ambiental y patrimonial causado por la instalación de la central de paso Tranguil, por la compañía RP Arroyo.

Este peritaje ambiental cultural, en el marco de un crimen atroz que ha sido caracterizado como asesinato empresarial, fue entregado a la familia de Macarena Valdés Muñoz y a Julia Quilempán, para su posterior gestión –o no– según la decisión propia de cada comunidad.

Comunidades de Chile central. En mi práctica ciudadana, debí participar en defensa de mi propio barrio y en la formación de la comunidad de vecines en La Reina, Santiago, ante la inminente construcción de una autopista urbana que pretendía expropiar 1.600 casas, entre otras la mía, a partir del año 2012. Logramos detener tan monstruoso proyecto, pero fue una dura batalla de ocho años frente al ataque artero de inmobiliarias y el ejercicio ciertamente abusivo de operadores políticos de diferentes calibres.

En este contexto, la primera defensa cultural la realicé en la comuna popular de Lo Prado en el 2014. No se ganó esa lucha para que no pasara el cableado eléctrico del Metro sobre el Rewe de la Rukalawén de Lo Prado, trabajo encargado por la comunidad mapuche urbana de Weliwén. Sin embargo, a la postre la comunidad se vio reforzada en la lucha y afianzó este territorio para el uso medicinal tanto para mapuche como para habitantes de otros orígenes residentes en Lo Prado. Más adelante, en el 2018, fui llamada a un conversatorio en la comuna que reunía a otras comunidades nucleadas en torno a la defensa de la salud intercultural. Este conversatorio, llamado «Patrimonio, sentido curatorial y salud intercultural», fue organizado desde el Servicio de Salud Metropolitano por la antropóloga Ximena Pichinao.

Se me han solicitado estudios de defensa cultural en diversas localidades como Hierro Viejo; en la Reserva de la Biosfera de La Campana; en Llolleo para la defensa de la desembocadura del río Maipo ante la inminente instalación del megapuerto de San Antonio. Durante los inicios del nuevo milenio, la apropiación territorial lleva a la locura de llamar oficialmente zonas de sacrificio, al reconocer que hay territorios donde no se cumplirán las normas mínimas para el sustento de la salud y la vida. Entonces, elaboré el siguiente modelo de análisis, aplicable en términos generales para todos estos llamados eufemísticamente conflictos socioambientales (ver Figura 3).

Lo interesante de este modelo de arqueología del presente10 es que ha sido una fuente ética al mismo tiempo que ha permitido un orden metodológico que se basa en escuchar a las comunidades en lucha, para construir su cartografía patrimonial y su relato histórico (ver Figura 4, propuesta para el pueblo de Hierro Viejo, en el norte semiárido, región de Valparaíso).

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Figura 3.
Defensa cultural mediante arqueología del presente.

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Figura 4.
Análisis histórico-cultural para la defensa jurídica de derechos.

Experiencias de construcción comunitaria. En mi participación como investigadora del Programa de Psicología Comunitaria Latinoamericana de la Universidad de Chile, he integrado talleres de formación de monitores en salud mental en el Cosam de Santa Julia, en Ñuñoa, región Metropolitana. Estos talleres están integrados por egresades de tratamientos de salud mental. Mi aproximación fue a través del registro de relatos presentados por cada une al colectivo, en torno a una mesa, apuntando a descubrir la propia fuerza a los lleva a querer ser monitores. Allí se compartieron historias personales unidas por el sucio cordel de la violencia: política, patriarcal, neoliberal, que redundaron en exilio, violencia intrafamiliar, consumo de drogas. Pero también deseos de construcción y lucha comunitaria, donde la superación personal se pone al servicio del buen vivir futuro, de manera empática y altruista. Gracias a esta experiencia, por mi parte he visualizado que todo acto colectivo tiene su corazón en las subjetividades de las personas, y es allí donde se realiza la madre de todas las batallas, contra el mal banal que Hannah Arendt encuentra en quienes adhieren y priorizan la lealtad a cumplir órdenes y reglas (2016).

Por último, a través de la puerta gremial, en el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, he sido parte del proceso de construcción de la comunidad profesional con un fuerte componente ético. Recordemos que el nacimiento de esta organización gremial, escindiéndose de la sociedad científica, fue a raíz del asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, en el 2009. Desde allí, llevamos una doble vocación por avanzar en asuntos gremiales en un marco de responsabilidad política con el presente. Ser parte de dos directivas sucesivas ha significado ser partícipe en la construcción colectiva heterárquica con fines de actualización y desarrollo de una arqueología consciente. Significó una apertura hacia los derechos humanos vulnerados durante la dictadura, bajo el ala gris del Plan Cóndor con la conformación de una Mesa de Sitios de Memoria y, en el presente, en esta versión 2.0 después del estallido social de octubre, manteniendo la atención en materia de vulneraciones ocurridas al amparo de la impunidad y el negacionismo. También ha significado una lucha colectiva para enfrentar la creación de leyes de los gobiernos posdictatoriales que apoyan y respaldan el modelo neoliberal y que en los hechos redundan en una arqueología extractivista, con dificultades para la conservación de los propios materiales que hemos sido llamados a preservar. Esta es una discusión que está en ciernes en nuestro gremio, dado que aunque tomamos a estos trabajos de impacto ambiental, con toda la precisión y responsabilidades aprendidas, ello no alcanza para la magnitud de la ocupación territorial.

En esta avanzada total del empresariado y sus múltiples formas de ocupación del territorio patrimonial, como gremio nos hemos debido articular con diversas organizaciones de pobladores, agrupaciones de memoria, colegios profesionales, comunidades indígenas, cultores populares, funcionarios de la institucionalidad cultural, conformando el Frente por el Patrimonio, el cual ha tenido fuerzas para llevar adelante también la complejidad de este momento constituyente del país.

Por mi parte, he ingresado por las puertas de los comités socioambiental y de DDHH a la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (CF8M), donde he podido por fin vivir la construcción heterárquica en la teoría y en la práctica de comunidades en lucha por la valoración de todos los trabajos de cuidado de la vida. Y colaborar en la elaboración del modelo ético que pueda servirnos para el poscapitalismo, si sobrevivimos.

Fundamentos éticos para una reflexión al servicio de la arqueología del presente

En la comprensión compleja antropológica, es posible relevar la situación de desigualdad, dominio, despojo y daño, resultado de la imposición de modelos de desarrollo capitalistas, de estructura neocolonialista. En lo personal, se produce la solidaridad con las personas y los territorios subyugados y en lo profundo se remueve la empatía que llama a reconocernos en sus luchas.

Linda Tuhiwai sostiene que en la lucha las comunidades se construyen, definen tácticas y estrategias en un entramado de intereses colectivos y un asambleísmo que tiene como voceras a mujeres y gentes de autoridad en el sentido de sabiduría y generosidad en pos de un futuro deseado. Estas formas de lucha y resistencia colectiva no se dan en los centros del poder: «La vida de la gente que está tratando de sobrevivir en los márgenes, en búsqueda de libertad y mejores condiciones, en búsqueda de justicia social. La lucha es una herramienta tanto para el activismo social como para la teoría» (Tuhiwai, 2016, p. 261).

Este sentido de lucha colectiva apunta a un motor de la evolución de los seres vivos distinto de aquel que ha sido largamente ensalzado como el triunfo de los más fuertes, en una interminable carrera por el éxito de dominio. Por el contrario, resulta que el trabajo colaborativo es la mejor forma de vida y crianza desde el punto de vista biológico11. Desde el punto de vista antropológico, corresponde a lo que Gladys Tzul Tzul ha llamado álgebra comunal, que se construye en las formas de parentesco, que a su vez organizan el trabajo en la construcción de comunidad y control de la tierra12. En la cotidianidad y el trabajo como parte de la vida comunitaria radica el éxito de reproducción cultural como ejercicio ecosemioautopoiético constante (Lavanderos y Massey, 2015). Desde esta insondable subjetividad, surgen los sentidos comunes emergentes.

A partir de las subjetividades surgen valores, como la vocación de justicia, que es el suelo para cultivar las investigaciones de una arqueología del presente. Es muy relevante que se produzca constantemente la discusión acerca de posturas éticas, pues no existe tal objetividad, así como no existe una normalidad. Si no nos preguntamos al servicio de qué o de quienes estamos investigando, lo más probable es que estaremos al servicio del capital que sustenta nuestro pago o el funcionamiento de las instituciones que nos contratan.

El aspecto vocacional resulta fundamental en los procesos de aprendizaje universitario. En mis clases apelo a qué nos llevó a estudiar esta ciencia humana y social y, mejor aún, cuáles son las luchas personales o las deudas existenciales que conmocionan a cada estudiante. Es importante no separar esquizofrénicamente aquellos mundos de lucha artísticos, antiespecistas, feministas, que constituyen finalmente la capacidad para entender los puntos de encuentro con las vidas de les otres, el encuentro de las causas que contiene la fuerza del estallido social y la posibilidad del trabajo colaborativo en un objetivo común, como es la sobrevivencia y el buen vivir en diversidad para todes.

El ethos arraigado en las personas es el fundamento de la ética colectiva. Podemos concebir la vida como una larga cadena de eslabones de lealtad, con valores que dan dirección: justicia, ternura, humor, pasión, admiración de la vida, agradecimiento. La coherencia ética que da la tranquilidad frente a la muerte, cada día, es la que se juega cuando las comunidades deciden colectivamente sus estrategias coyunturales y las líneas de futuro.

La comunidad intelectual debe ejercitar su ethos para conformar los propios caminos utópicos de desarrollo. Pienso que la arqueología debe aprender a conocer las heterototopías en la construcción de la historia, en una gran y constante recuperación significativa de las memorias.

Un argumento legal que no he podido aún desarrollar, pero que tiene un tremendo potencial de derecho, es el concepto de habeas data, el poder del documento probatorio. En ello, se inscriben los documentos en soporte de papel, gráficos, fílmicos, etc., y también la data arqueológica (en tanto materialidad), despojo, paisajes, estructuras vegetacionales, huellas químicas, así como nuestros textos interpretativos como profesionales plasmados en informes, cartografías, publicaciones. Debe decirse que la interpretación de la data y los documentos han quedado del lado de la producción colonial y, por lo tanto, han sido objeto de desaparición, maltrato, secuestro, resignificación y apropiación por parte de la cultura dominante. Sin embargo, al trabajarse desde una ética de arqueología del presente, podemos acercarlos a las defensas culturales e incluso devolverlos a quienes serían sus legítimos herederos. Nos damos cuenta de que su preservación y puesta a disposición de todes es un derecho humano (Troncoso y Hermosilla, 2016).

Arqueología como trabajo. Si en el ejercicio profesional apuntamos a la construcción del ser social otro, es importante relevar el proceso de construcción coherente del propio ser social. Allí es donde se podrá ejercer profesionalmente de manera compleja, creando las apropiadas metodologías indisciplinadas o no metodologías. Según Alejandro Haber (2017):

La cuestión metodológica es crucial y medular en una investigación, porque en ella se juegan la orientación teórica, la conceptualización, la problematización y las relaciones de conocimiento en que tiene lugar y a las que da lugar la investigación en curso. En contextos interculturales poscoloniales como los nuestros, descolonizar la metodología es problematizarla en su calidad de tecnología de reproducción del colonialismo epistémico y expropiación capitalista de las fuerzas de sentido operantes en las artes de hacer.

Hay que dar la necesaria discusión política de la memoria y de la arqueología como la obrera de la memoria. No existe la objetividad. La comprensión de los fenómenos a través de las herramientas antropológicas debe preguntarse para quién está trabajando y a quiénes pertenece este conocimiento. Pensamos que debe estar al servicio de la justicia de los pueblos que siempre tendrán sus contenidos culturales, su trayectoria en una historia y un contexto presente en que resultan posicionados en el lado liviano de la balanza.

El maletín de herramientas de la arqueología del presente estará en constante elaboración de instrumentos al servicio de las situaciones culturales de emergencia, en ambas acepciones: como emergentes y con sentido de urgencia.

Notas

1 Bajo el modelo de Arqueologías Vitales (Tantalean y Gnecco, 2019), paso a hacer mi relato autoetnográfico (Blanco, 2012) como una obligación ética para transparentar lo que me ha sido dado evidenciar en la última etapa de mi vida profesional, cuando ya no tengo las mismas obligaciones para sustentar la vida de mis hijes con el capital obtenido de mi trabajo profesional. Ahora explico por qué subrayo estos términos: la vida profesional de cada persona está inmersa en la circunstancia, en cada momento histórico que le toca vivir, desde lo privado de la ética personal al hacerse cargo de la vida propia y de quienes cuida, en el territorio donde escoge desplegar sus estrategias. Sí, digo escoge, porque aunque se esté en una prisión, o sobreviviendo bajo el derrumbe, cada une escoge la postura ética en que se desenvolverá. Entonces se decide buscar la felicidad en la vida profesional de los trabajos que le ofrece el mercado laboral: en mi caso, el trabajo pequeño de educadora a través de museos fiscales o privados; la docencia universitaria para formar a las nuevas generaciones de arqueólogues; el trabajo controlado de la motoniveladora que despeja los territorios para el avance extractivista neoliberal de la posdictadura.

2 Como referencia a micromachismos en la academia en España, ver Montes-López y Groves, 2019.

3 Todo ello entrenado como en un laboratorio durante la dictadura, se escondió hábilmente bajo las sotanas travestidas de la nueva generación de sacerdotes del sistema que se instalan mediante un código patriarcal en los poderes del Estado. Y crean frenéticamente marcos institucionales de dominio colonial, descuartizando al pueblo (en matanzas sufridas en los territorios, en traslados de segmentos completos de la ciudad segregada, en la construcción de zonas de sacrificio), para convertir los pedazos en «sociedad civil» que debe ser protegida paternalmente de su propia estupidez, en la versión de los medios de masas.

4 Continué en mis intentos de hacer ciencia (ideal de mi formación académica), esta vez, con un gran equipo profesional proveniente de la biología, la arqueología, la historia, haciéndonos preguntas incómodas, ocupando términos pivote como «recursos», para cuestionarnos la superposición de conceptos sobre un paisaje que evolucionaba a su ritmo. Ritmo que paralelamente, debemos decirlo, iba acelerándose, y que mirado con la distancia de treinta años, vemos que los territorios desaparecían vertiginosamente bajo vertederos, tranques de relave, depósitos de residuos tóxicos, carreteras concesionadas, monocultivos de parronales y sus embalses de regadío, proyectos inmobiliarios.

5 Después del esclarecedor encuentro de TAAS Ecuador, seguí con mis clases, mis trabajos remunerados y no remunerados y publiqué parte de estas divagaciones/resultados en el área jurídica de las Defensas Culturales (Hermosilla 2017 ay b). Pero también continué con el camino feminista de estudio y creación colectiva en una militancia sin registros ni jerarquías.

6 Causas: Tirúa RUC 1500049992-4. Carampangue Ruc 1510003127-K.

7 Al menos en su obligación constitucional de garantizar derechos a los habitantes del territorio (Nash, 2011).

8 Expediente electrónico del procedimiento sancionatorio Rol D-017-2013 y noticias de sanción disponibles en el siguiente link: http://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico/ProcesoSancion/VerExpediente?expediente=D-017-2013

9 Se denomina «reivindicación territorial» aquellos territorios recuperados por comunidades mapuche, con fuerte respaldo histórico documental, por parte de familias completas y ejerciendo labores agropecuarias y domésticas tradicionales.

10 Fuertemente inspirado por el ejercicio profesional lúcido de Carina Jofré (2019) y otros autores presentes en el texto editado por Tantaleán y Gnecco (2019).

11 Ver https://es.sott.net/article/51878-La-cooperacion-es-clave-para-la-supervivencia-de-las-especies

12 Ver https://www.youtube.com/watch?v=zgr-LdsP8ZQ

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Recibido: 25/09/2020 Aceptado: 2/06/2021