«Les diaguitas estamos vivos en El Olivar»
«The Diaguitas are alive in El Olivar»

Halszka Paleczek Alcayaga

Investigadora independiente,hal.paleczek@gmail.com

David Bravo Uribe

Investigador independiente, davidbravouri@gmail.com

Resumen

Proponemos algunas reflexiones sobre ética y política en la investigación arqueológica del asentamiento y cementerio diaguita El Olivar (La Serena, Chile), remarcando las relaciones entre los paradigmas arqueológico, estatal y de las propias comunidades. Pese a constituirse legalmente como pueblo originario el año 2006, les diaguitas en Chile aún se enfrentan a declaraciones de algunes arqueólogues desconociéndoles como pueblo. Esto se suma al discurso ambivalente de las instituciones gubernamentales, que ejemplificaremos a lo largo del artículo. Creemos que esto se debe al poco conocimiento y valoración del pueblo diaguita vivo, así como a la ambigüedad del rol social de la arqueología en materias indígenas actuales en Chile. Mientras los cementerios indígenas sigan considerándose objeto patrimonial del pasado, el discurso arqueológico cientificista seguirá avalando el silenciamiento simbólico de nuestros pueblos originarios. Desde un enfoque decolonial, proponemos una perspectiva éticamente responsable para el trabajo arqueológico en relación con los patrimonios indígenas, que integre los sentipensares, cosmovivencias y voluntades de los pueblos originarios.

Palabras clave: patrimonio indígena, ética, arqueología comunitaria, Pueblo Diaguita chileno.

Abstract

We propose some reflections on ethics and politics about the archaeological research of the Diaguita El Olivar settlement and cemetery (La Serena, Chile), exposing the misunderstandings of the paradigms of archaeology, state and diaguita communities. Despite the state recognition achieved in 2006 on the basis of archaeological and ethno-historical knowledge, Chilean Diaguitas are today faced against the discourse of some who do not give recognition to their people, and refer their existence to the past. To this invisibility is added a double discourse of government institutions that accept and then deny indigenous rights to their convenience. We consider that these situations are due to a lack of knowledge and appreciation of indigenous rights, as well as the ambiguity of the social role of archaeology in current indigenous matters in Chile. As long as pre-columbian indigenous cemeteries remain in a category of heritage objects exclusively related to the past, the scientistic archaeological discourse will continue to endorse the silencing and symbolic extermination of our native peoples. From a decolonial focus, we propose a more ethically responsible perspective for archaeological work in relation to indigenous heritages, integrating the feelthinkings, cosmovivences and wills of native peoples.

Keywords: indigenous heritage, ethics, community archaeology, Chilean Diaguita people.

Porque me sacas de mi entierro, porque interrumpes mi descansar,
el camino he de encontrar, solo cuando devuelvan todo a su lugar original.
Marcia Albanés Cárcamo

La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, penas sobre pena y penas hacen que uno pegue el grito, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena.
Jorge Cafrune

Introducción

En la desembocadura del río Kokimpu, en la bahía de Tekirke¹, a dos kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, se encuentra uno de los asentamientos diaguitas más relevantes encontrados hasta ahora en Chile. Si bien fue estudiado desde fines del siglo xix (Medina, 1882; Latcham, 1932; Mostny, 1941; Slusser, 1950), El Olivar fue dado a conocer por Francisco Cornely a mediados del siglo xx (1936, 1956). No solo le dio su nombre a partir de un grupo de olivos situados en el entorno, sino que excavó varios cientos de sepulturas. El sitio ha sido intervenido sucesivamente: desde los pioneros investigadores de la Sociedad Arqueológica de La Serena hasta los rescates realizados en los conjuntos habitacionales Brillamar y Pinamar (Quevedo y Garrido, 2008; Rosado y Urízar, 2015; Pacheco et al., 2015; Garrido, 2016; González, 2017). Sin embargo, fue en el 2014 cuando el sitio tomó relevancia social y mediática. En medio de remodelaciones a la ruta 5 Norte, una retroexcavadora removió huesos humanos y otros restos prehispánicos. Este «redescubrimiento» acabó removiendo la memoria e identidad indígena local.

El Olivar constituye un caso emblemático de cómo la sociedad actual apela a la labor arqueológica y destaca la urgencia de construir una nueva forma de relación entre esta disciplina y las comunidades indígenas. El proceso sociopolítico en torno a su investigación ha marcado un precedente en cuanto a la visibilización y el empoderamiento del pueblo diaguita a nivel local.

El pueblo diaguita es reconocido por el Estado chileno el año 2006 tras un largo proceso legal impulsado por comunidades huascoaltinas (Región de Atacama), que demostraron su vinculación ancestral a les diaguitas prehispánicos, utilizando datos antropológicos, etnohistóricos y arqueológicos. La investigación científica sirvió para validar ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (conadi) la continuidad de los linajes familiares en el territorio diaguita, así como sus saberes, costumbres y modos de vida ancestrales. Históricamente considerados extintos, hoy son cada vez más las organizaciones diaguitas en Chile que luchan por el reconocimiento territorial, de su cultura y derechos políticos. Este proceso representa para la arqueología un desafío emergente.

Abordamos la presente investigación desde la participación de una de les autores en las excavaciones arqueológicas de El Olivar, trabajo a partir del cual fue tomando conciencia de sus propias raíces diaguitas, más las experiencias de les dos autores en reuniones con pueblos originarios, así como en la Mesa El Olivar. Compartimos estos sentipensares (sensu Escobar, 2014) para contribuir a la toma de conciencia de les arqueólogues frente a los aspectos éticos y políticos de su labor, particularmente en los casos de vinculación con pueblos originarios en proceso de revitalización cultural, como son los casos diaguita, chango, kolla, quechua, kawéshkar y yagán.

Antecedentes

En el año 2009, la Secretaría Regional del Ministerio de Obras Públicas (mop) presentó un proyecto de mejora en la carretera ruta 5 hacia el norte de La Serena (Consejo Municipal de La Serena, 2009). Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)² no documentaron sitios arqueológicos relevantes en el tramo, a pesar de la vasta bibliografía al respecto. Las empresas ganadoras de la licitación iniciaron sus obras sin un Estudio de Impacto Ambiental (eia), por ello los trabajos arqueológicos se realizaron fuera del conducto habitual. Pese a ello, les arqueólogues lograron que se detuviesen las obras para realizar un rescate arqueológico.

En la primera etapa de sondeos, iniciada en julio del 2015, se distinguieron áreas funerarias, conchales y otras potenciales áreas domésticas, estableciéndose «que la mayor cantidad de restos arqueológicos son asignables a la cultura Diaguita y en menor medida al Complejo Ánimas y Molle» (Consejo de Monumentos Nacionales [CMN], 2015b, p. 8). Les arqueólogues propusieron rescatar «el 100% de las áreas de funebria, el 4% de las áreas de conchal y el 20% de áreas domésticas, lo que equivale a un 3% del sitio» (CMN, 2015a, pp. 65-66).

En respuesta, el Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante CMN) propuso rescatar el «100% de los rasgos detectados en los sectores domésticos o de conchal» (CMN, 2015b, p. 9). «Hay mucha investigación de sitios funerarios de la Cultura Diaguita, pero no de sitios domésticos, por lo que el estudio de este sitio ayudará a investigar de mejor manera esta parte de la prehistoria local».

Posterior al inicio de los sondeos, personas de los pueblos originarios locales se enteraron de las excavaciones mediante un obrero de la empresa concesionaria, iniciando un proceso de reclamación, a través de las Oficinas de Asuntos Indígenas municipales y de la Intendencia Regional. La primera noticia pública del sitio la emitió el CMN en marzo del 2016, consignando la primera visita a terreno del mop y la Secretaria Técnica del CMN. «En el área del hallazgo se han encontrado hasta ahora 70 restos humanos, 12 camélidos y zonas de actividades ceremoniales, domésticas y de conchales particularmente de la cultura Diaguita, que se desarrolló entre los años 900 y 1.536 en nuestro país» (CMN, 4 de marzo del 2016a). En dicho artículo no se hace alusión al pueblo originario vivo presente en la región. Más adelante, organismos gubernamentales propusieron acciones de difusión y encuentro con la ciudadanía.

En una reunión del CMN, una representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) advirtió el «complejo escenario entre las comunidades indígenas y el Estado, y propone que se realice en conjunto con el CNCA regional una actividad que permita mantener informada a la ciudadanía sobre iniciativas como este rescate» (CMN, 2016b, p. 128). Asimismo, el Diputado Raúl Saldívar solicitó al mop la entrega de antecedentes del hallazgo arqueológico, así como «informar la posibilidad de disponer el estudio de factibilidad para construir un museo en el sector de El Olivar en el marco del Proyecto Mejoramiento Ruta 5» (CMN, 2016c, p. 55). CMN respondió que «no tiene inconveniente en que esa Secretaría de Estado presente un proyecto de puesta en valor, el cual puede ser un museo in situ o un centro de interpretación del lugar» (CMN, 2016c, p. 55). Ambas propuestas en torno a la difusión y puesta en valor, pero en ninguna se menciona un patrimonio indígena ni un trabajo colaborativo con pueblos originarios.

Participación de pueblos originarios

Luego de acciones de presión a las autoridades locales mediante cartas y comunicaciones públicas, la primera instancia oficial en la que los representantes de los diaguitas participaron fue la «Mesa puesta en valor de los restos arqueológicos sitio El Olivar», realizada en la Intendencia en abril del 2016. Allí se reunieron autoridades regionales, CMN, representantes de las empresas concesionarias y arqueólogues responsables de las excavaciones, con ausencia del intendente e instituciones pertinentes a temas indígenas, como la conadi y seremi de Desarrollo Social.

Les arqueólogues reportaron acerca de la metodología y los resultados preliminares de las excavaciones. Las organizaciones indígenas, a su vez, presentaron una carta dirigida al intendente expresando su molestia porque los procedimientos fueron realizados sin consultarles, como establece la legislación vigente y expondremos más adelante. Exigieron una serie de medidas respecto del sitio: el cierre definitivo de las excavaciones, la modificación del trazado de la carretera, la reinhumación de los restos excavados y la no realización de un museo de sitio. «Finalmente exigimos respeto y aceptación de las decisiones sobre el tratamiento de las tumbas y cuerpos de nuestros ancestros, porque son nuestros abuelos y nuestras abuelas, son nuestras familias. Exigimos la aplicación inmediata de la Ley N° 19.253 y el Convenio N° 169 en este caso y en todos los casos de descubrimiento de cementerios, sitios sagrados y petroglifos» (Educadores tradicionales de la región de Coquimbo et al., 2016, p. 3).

Una opinión divergente, de la presidenta de la única comunidad indígena diaguita en la región, quedó establecida en el acta. «La señora Teresa Olivares, representante de la Comunidad Taucán, señala que por su experiencia se hace necesario estudiar las osamentas como una forma de profundizar en el conocimiento e historia de los pueblos que habitaron esta región» (Salcedo, 2016a, p. 2).

Un mes después, vuelve a reunirse la Mesa con las mismas autoridades (Salcedo, 2016b), más un representante del seremi de Desarrollo Social, el coordinador de la Consulta Indígena del mismo organismo y el intendente regional; en tanto, conadi volvió a ausentarse. En esta cita las autoridades rechazaron cada punto de los contenidos en la carta que entregaron los representantes, argumentando que los procedimientos fueron realizados de acuerdo con la normativa chilena. Como la Ley de Monumentos Nacionales define el patrimonio como un bien estatal, el CMN no puede prohibir que se realicen excavaciones arqueológicas en el sitio. Por último, al ser consultados sobre la Consulta Indígena solicitada anteriormente, el mop respondió que los documentos se extraviaron en las oficinas, pidiendo que se vuelvan a presentar.

En julio del mismo año, las organizaciones indígenas enviaron una nueva carta al intendente pidiendo una consulta, denunciando que «sin consentimiento y sin ningún tipo de sensibilidad con nuestros pueblos originarios nos mantienen marginados de las decisiones que nos afectan contraviniendo la legislación nacional e internacional (…). Cuando se descubre una pieza de cerámica, un lugar ceremonial o un cementerio no estamos hablando de historia remota y desconocida, del que estudiosos formados en prestigiosas universidades occidentales saben leer, se olvidan que nosotros no estamos enterrados en una bóveda de un museo, acá estamos porque nunca hemos dejado de existir» (Pueblos originarios del territorio de la región de Coquimbo, 2016, p. 2).

La arqueóloga responsable de las investigaciones, en julio del 2016, indicó «que debido a la enorme cantidad de restos humanos y material arqueológico rescatados y por rescatar (…) solicita al CMN que modifique el permiso otorgado, en el sentido de que, una vez agotadas las áreas funerarias Fun-6 y Fun-8, se proceda con la etapa de análisis de los materiales y la difusión de los resultados» (CMN, 2016d, p. 58). La investigación, que hasta ese momento solo se había concentrado en esas áreas, desbordó las expectativas del trabajo requerido debido a su alta densidad y complejidad. Esta situación complicaba no solo el posterior análisis sino también el almacenamiento de los restos de forma definitiva.

En tanto, en sesión ordinaria del CMN se informó que «el mop ha culminado el estudio de opciones viales que pudieran generar el mínimo impacto en el sitio (…) y que trabajarán en la alternativa de un viaducto (…) además, se construirá un museo de sitio en el lugar» (CMN, 2016e, p. 7). Estas discusiones se llevaron a cabo al margen de los espacios de diálogo con les representantes de las organizaciones diaguitas.

De forma autogestionada, en octubre del 2016 se realizó el primer encuentro para la difusión pública del sitio, las «Jornadas de difusión del Olivar, sitio ancestral Tekirke», en el Museo Arqueológico de La Serena. Expusieron en dicha oportunidad les investigadores a cargo del sitio, junto con otres cultores diaguitas. Se realizó, además, un conversatorio abierto donde, por primera vez, se reunieron estudiantes, académicos, indígenas y representantes de gobierno para discutir sobre El Olivar.

A fines del mismo mes, la Asociación Elquinos Llastay interpuso un recurso de protección (rol 18642016) ante la Corte de Apelaciones de La Serena en contra del mop, CMN y las empresas concesionarias de la carretera (CMN, 2017, p. 8). Este es rechazado por ser propuesto fuera de plazo, dictando, además, que «no se evidencian actos u omisiones ilegales o arbitrarias que perturben los derechos y garantías señaladas» (El Día, 8 de septiembre del 2017).

En octubre del 2017, las autoridades locales emprendieron acciones para reconocer el sitio como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante unesco, nuevamente sin el consentimiento ni integración del pueblo diaguita. Por esta fecha se autorizó por primera vez a representantes de pueblos indígenas acceder al sitio para realizar un homenaje ritual, acompañados por les arqueólogues.

Desde principios del 2018, se constituyó la Mesa El Olivar desde el pueblo diaguita, con apoyo del consejero regional Javier Vega, para mantener un espacio de diálogo y negociación que validara la voluntad del pueblo diaguita. Se integró a investigadores del sitio, el alcalde de La Serena, representantes del mop, CMN y otres actores relevantes. La mesa trabaja para solicitar nuevamente una Consulta Indígena, junto con opciones que aseguren la protección del sitio de manera consensuada.

No obstante, las autoridades políticas han seguido gestando acuerdos sin la participación del pueblo diaguita. En pleno debate respecto de las opciones para la ruta 5 el diario regional El Día informó que el gobierno ha desechado la posibilidad de construir un viaducto para resguardar el sitio (Guajardo, 29 de julio del 2018). Unas semanas más tarde, en el mismo medio, el subsecretario del Patrimonio Cultural anunció la construcción de «un bypass que deje al sitio en medio de la carretera, enrejado, protegido (…) y a continuación montar una mesa de trabajo con todos los actores involucrados, en la cual también participe la visión del mundo indígena» (Rosales, 7 de septiembre del 2018).

En el 2017 gran parte de los restos excavados fueron trasladados a Santiago para su análisis, y en el 2019 se enviaron muestras bioantropológicas al extranjero para fecharlas con el método de radiocarbono (La Voz del Norte, 1 de septiembre del 2019). Ambos hechos se realizaron sin consentimiento del pueblo diaguita, a pesar de las instancias de diálogo existentes.

El Estado chileno y la legislación

La Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288 (1970) estipula que el patrimonio se encuentra «bajo la tuición y protección del Estado», incluyendo «los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos» (artículo 1). Este párrafo determina la expropiación legal de los patrimonios indígenas materiales, territoriales y biológicos. Si bien la conadi reconoce el patrimonio cultural indígena como tal (2006), no hay leyes que lo consignen.

Por otro lado, la Ley Indígena N° 19.253 (1993) establece que «los indígenas gozarán del derecho a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios (…) y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal» (artículo 29). El mismo artículo determina que «la excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos se ceñirá al procedimiento establecido en la ley N° 17.288 y su reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada». Lo anterior concuerda con el decreto 392, aplicado a la ley N° 19.253, respecto de la protección del patrimonio histórico de las «culturas indígenas», en cuanto «el consentimiento para la excavación de cementerios indígenas se debe proporcionar previamente por la comunidad involucrada» (artículo 14). Sin embargo, los artículos se refieren exclusivamente a los cementerios de tiempos «históricos», excluyendo los de tiempos prehispánicos que se vinculen a un pueblo originario actual.

El Estado chileno se ha adscrito a algunos tratados internacionales que establecen normas en materia de derechos indígenas frente al manejo de su patrimonio, cementerios y lugares sagrados. Uno de ellos es la firma, el año 2007, a la «Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas» (Naciones Unidas, 2007), que se refiere a los derechos de los pueblos «a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural» (artículo 31), así como a «mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado» (artículo 25).

El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile el año 2008, indica que «deben reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos» (artículo 5) y que «los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera» (artículo 7) (Organización Internacional del Trabajo, 1989).

En 2016 Chile firmó la «Declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas» de la Organización de Estados Americanos (oea), donde se alude «al pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial» (artículo 28, inciso 1), que debe ser reconocido y resguardado de acuerdo con medidas adoptadas con participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, mediante consultas que aseguren su consentimiento libre, previo e informado (artículo 28, inciso 3). Se incluyen también el «derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos humanos» (artículo 16, inciso 1); y el «derecho a reunirse en sus sitios y espacios sagrados y ceremoniales» (artículo 20, inciso 2). En Chile los tratados internacionales se encuentran por sobre el marco legal chileno, lo cual debiera facilitar su aplicación.

El pueblo diaguita

Es parte de la cosmovisión y cosmovivencia andina³ la noción de que los muertos están integrados al mundo de los vivos. En los testimonios de miembros del pueblo diaguita se observa que los cuerpos enterrados en El Olivar son considerados como ancestres, guías espirituales que son reales agentes de cambio en los sucesos sociopolíticos. El redescubrimiento del sitio es considerado como un «despertar» de les antepasades, quienes incitan a sus descendientes a luchar por su dignidad y derechos.

El autorreconocimiento étnico de muchos diaguitas se arraiga en su relación con les antigües, tanto en sentido material como espiritual. Por ello, consideran motivo de agravio la excavación de sus cementerios, que causaría un «desajuste» en el ámbito sutil. Para José Domingo Rojas⁴, «nuestros ancestros fueron depositados en la tierra para un descanso eterno y no se está respetando la espiritualidad y cosmovisión de nuestro pueblo, ya que los restos mortales de nuestros antepasados terminan en museos, en cajas y en otros lugares lejos del seno de nuestra madre tierra, interrumpiendo su descanso eterno» (Comunicación personal, 2019).

Pierde sentido la noción occidental de tiempo lineal que separa el pasado del presente, pues la investigación y exhumación de los cuerpos de El Olivar se entreteje directamente con el proceso de redescubrimiento y revaloración de la herencia histórica y ancestral de las comunidades. En perspectiva, la comprensión de este entramado íntimo entre vivos y muertos se aprecia en la organización espacial del asentamiento, donde las áreas funerarias se encuentran interdigitadas. La memoria del pasado se hace necesaria para justificar acciones y discursos del tiempo presente, como la pertenencia a un territorio y la continuidad de prácticas culturales específicas.

Doris Araya⁵ asegura que «el gobierno piensa que nosotros los diaguitas no tenemos sentimientos, que eso pertenece al pasado, pero no. La historia está en nuestro inconsciente, en nuestra memoria, lo llevamos en la sangre, si las cosas también se heredan, también van quedando, el pasado siempre es parte de nosotros y de nuestra vida» (Comunicación personal, 2019).

Si bien gran parte de les diaguitas reconocides por conadi viven en entornos urbanos, están en proceso de búsqueda y reconciliación con su herencia indígena. La identificación con el territorio, les ancestres y los sitios ancestrales son cruciales para su autorreconocimiento. Para muches de elles el conocimiento arqueológico resulta atractivo y relevante, no obstante existir un consenso generalizado de que la exhumación de restos requiere información previa y consentimiento del pueblo, además de posteriormente ser reenterrados in situ.

En palabras de Yennifer Santander⁶, «por la necesidad de saber más, aprender y tener conocimiento de nuestros antepasados soy de la idea de excavar e investigar. Pero, desde la conexión con mi ancestralidad, pienso que al ser sacados y llevados a bodegas los cuerpos dejan de cumplir la función que tuvieron al ser sepultados en ciertos lugares estratégicos» (Comunicación personal, 2019).

Para Doris Araya, «si la ciencia tiene que avanzar, que avance, pero con respeto. Si hay que sacar un muerto se saca, si hay que estudiarlo que se estudie. Pero con ceremonia, pidiéndole permiso a esos huesitos, conversando con las personas… porque aunque sean huesos ellos son seres, para nosotros son seres espirituales eternos, para nosotros la vida sigue, entonces ese punto no se ha respetado nunca» (Comunicación personal, 2019).

La comunidad arqueológica

La arqueología en Chile trabaja bajo el paradigma científico cartesiano, tomando distancia de sus «objetos de estudio» a través de metodologías que pretenden ser neutrales. Sus ontologías y epistemologías son herencia de una larga historia de colonización y poscolonización en Abya Yala, donde las aproximaciones

tradicionales al conocimiento han sido opacadas. Esta hegemonía del conocimiento arqueológico opera en base a relaciones de poder asimétricas en la información, toma de decisiones y manipulación del patrimonio, particularmente en lo que se refiere al patrimonio indígena prehispánico (Jofré y Otarola, 2009; Colwell-Chathaphonh et al., 2010; Ayala, 2017). La academia científica generalmente avala y naturaliza estas prácticas que se sustentan en el marco legal chileno respecto del patrimonio (el cual se construye, a su vez, desde un paradigma eminentemente técnico-científico).

En términos generales, los cuerpos desenterrados son tratados desde una perspectiva estrictamente materialista y cientificista, despojados de sus cualidades subjetivas y metafísicas, en miras a la producción de un conocimiento «objetivo». Se percibe a los cuerpos humanos como individuos-objetos, reduciendo el espectro simbólico y emotivo a categorías útiles para el análisis empírico.

La arqueología estudia «objetos» que corresponden al pasado, conformando otra frontera a la vinculación y empatía. Esta noción, que poco tiene que ver con la percepción del tiempo para el mundo andino, ha servido históricamente como mecanismo de apropiación simbólica y efectiva del patrimonio indígena. en los ámbitos académicos no suele considerarse al pueblo diaguita contemporáneo, más bien las mallas curriculares se centran en los pueblos mapuche, likan antai y rapa nui.

El código de ética desarrollado por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A. G. establece la responsabilidad de «desarrollar sensibilidad con las comunidades locales directamente ligadas al área de investigación, respetando sus preocupaciones, costumbres, credos y valores» (2013, p. 4). Sin embargo, dicho código no incluye referencia alguna a los pueblos originarios, omitiendo del todo los derechos indígenas sobre su patrimonio material y bioantropológico.

Se estipula que les responsables deben informar a las comunidades locales sobre el desarrollo de sus trabajos, les profesionales involucrades y la relevancia de su estudio; sin embargo, este acercamiento suele omitirse, más aún en la arqueología de impacto del Sistema de Evaluación Ambiental.

Arqueología en El Olivar

Las investigaciones arqueológicas en El Olivar también se han llevado a cabo bajo este paradigma cientificista. Desde el inicio no hubo un reconocimiento del vínculo ancestral de los cuerpos del cementerio con les diaguitas que actualmente viven en la región: no se les informa, no les invita al diálogo, ni se les abren las puertas de manera oportuna, lo cual entrega motivos para justificar el activismo de las comunidades.

Durante las excavaciones, el equipo científico realizó «pagos» u ofrendas a los muertos en varias ocasiones, como es común en equipos de investigación que trabajan en territorios indígenas. Estos constituyeron momentos de quiebre con el paradigma científico, abriendo espacio a la dimensión espiritual y sensible de quienes trabajaban ahí, así como a lo que significa desenterrar cuerpos humanos. Se rindió homenajes a los diaguitas del pasado. Pese a ello, recién a dos años de iniciar las excavaciones se abrió este espacio ritual a los pueblos originarios vivos.

Si bien para les arqueólogues que lideraban las excavaciones las personas diaguitas eventualmente sí constituían interlocutores válidos, no se reconocían como tales a quienes reclamaban el sitio en ese entonces, en cuanto no pertenecían a comunidades indígenas legalmente constituidas en los registros de la conadi. Uno de los efectos de este criterio excluyente, compartido también por la esfera política gubernamental, ha sido propiciar la constitución de nuevas asociaciones y comunidades diaguitas a nivel local.

Desde las primeras demandas en el año 2015, les arqueólogues a cargo de la investigación de El Olivar han demostrado una creciente apertura hacia el pueblo diaguita que lucha por el reconocimiento de su patrimonio. Sin embargo, pese a que este cambio de actitud también ha motivado una mejor disposición de parte del pueblo a dialogar y a aceptar la intervención arqueológica, la difusión oficial del sitio continúa manteniendo a las comunidades diaguitas como espectadores pasivos de su patrimonio ancestral.

Discusión

A partir de lo expuesto, se puede observar que les arqueólogues, el pueblo diaguita y el Estado chileno tienen sus propios lenguajes, entendimientos y formas de aproximación a El Olivar, diferencias que inducen a relaciones asimétricas basadas en la alteridad, silenciando los discursos de las minorías indígenas y dificultando la fluidez y efectividad comunicacional entre elles. Ha operado lo que Atalay concibe como «otrorización» (2006), tanto en términos temporales como culturales, propiciando la enajenación del patrimonio indígena del presente y del pueblo diaguita.

Se observa una exclusión del sector político hacia los pueblos originarios en la promulgación de leyes que niegan su propiedad y agencia sobre sus patrimonios y territorios, convirtiéndolos en espectadores de su memoria y legado material. Asimismo, la intervención institucional al patrimonio arqueológico se aborda desde una perspectiva eminentemente tecnocrática y hegemónica, proponiendo un discurso único desde la ciencia.

Esto resulta aún más inquietante cuando se trata de cuerpos humanos, administrados por les especialistas como objetos patrimoniales. El hecho de que los cementerios prehispánicos en Chile no cuenten con una legislación apropiada que valide su carácter sagrado los relega a ser «cementerios de segunda categoría». Un hecho homologable a la situación de los N. N. de los cementerios históricos: restos que son removidos, trasladados, reducidos en fosas comunes o incinerados sin consultar a nadie.

Como recuenta Ayala, «directa o indirectamente, el conocimiento y la práctica arqueológica fueron utilizados para la conformación de la identidad nacional chilena y la validación de su poder y autoridad en la definición y control del pasado y el patrimonio indígena. La arqueología aportó al mito de origen del Estado-nación chileno, naturalizando y legitimando su presencia en territorios ancestrales indígenas, mientras estos últimos eran asimilados o integrados a una sociedad monocultural» (2017, p. 72). Directa e indirectamente, la arqueología es capaz de colaborar en el mestizaje forzado a los pueblos originarios en pos de «verdades neutrales y objetivas».

Hoy, el aparato colonizador del Estado se ha reorientado hacia políticas multiculturales que reproducen las mismas relaciones de poder bajo un discurso liberal proindígena. Estas operan de manera populista y «seudoinclusiva», empoderando y visibilizando a sectores indígenas que sirvan a sus intereses estatales, y no necesariamente para propiciar una revitalización indígena autosoberana y con base territorial. Algunas agrupaciones indígenas se suman a estos discursos y políticas multiculturales gubernamentales para reunir capital político en torno a sí, excluyendo y silenciando a otros sectores. Gran parte de les perpetuadores de tradiciones ancestrales diaguitas se encuentran fuera de estas esferas de poder.

El conocimiento arqueológico también es instrumentalizado en cuanto se sigue anteponiendo a los discursos indígenas en torno a sus patrimonios, aún en instancias de supuesta multivocalidad (Jofré y Otarola, 2009; Ayala, 2017; González-Ruibal et al., 2018). En palabras de Ayala, se «conforma una “arqueología multicultural”, desde cuyo enfoque reconocer al otro, abrirse a su participación o aceptar la propiedad indígena del patrimonio son formalidades para continuar practicando una arqueología que no cuestiona su poder y lugar de enunciación» (Ayala, 2017, p. 80).

En el caso de El Olivar, observamos que en las instancias propuestas gubernamentalmente para el diálogo y difusión en que sí se visibiliza al pueblo diaguita, incorporando a líderes y lideresas, «se reproduce un modelo vertical y unidireccional de comunicación y se continúa legitimando la autoridad disciplinaria» (Ayala, 2017, p. 88). Como expresa el líder diaguita José Domingo Rojas, «los expertos, o estudiosos, hablan de nosotros pero sin nosotros; los políticos legislan sobre nosotros pero sin tomar nuestro parecer; y el Estado mantiene una relación asimétrica en el diálogo con nuestro pueblo, sin reconocer en la práctica nuestros derechos humanos» (Comunicación personal, 2019). En definitiva, lo vivido por el pueblo diaguita en torno a El Olivar atenta contra los derechos humanos e indígenas en el marco legal nacional e internacional, respecto de sus derechos de autodeterminación en materias de identidad, integridad cultural y espiritualidad, acceso a sus espacios sagrados, protección y propiedad de sus patrimonios, y al derecho a consulta frente a proyectos desarrollistas que les afecten directa o indirectamente.

Sin embargo, en Chile y en distintos lugares de Abya Yala el empoderamiento indígena está poniendo a la arqueología en jaque, interpelándola a que asuma un rol como ciencia social, más allá de las políticas de Estado y los intereses del sector privado. Es cada vez más común que se exija el cese de excavaciones de cementerios, la repatriación y reinhumación de cuerpos humanos, así como su remoción en las vitrinas de museos (Jofré y Otarola, 2009; Ayala, 2017).

Creemos que la inicial negación del patrimonio indígena en El Olivar intensificó el proceso de etnogénesis y empoderamiento del pueblo diaguita, el cual con más fuerza buscó posicionarse y reapropiarse de su herencia ancestral. Se comenta entre les diaguitas que el «despertar» de los muertos del Olivar, el redescubrimiento del sitio, es una señal del despertar político y cultural del pueblo.

Conclusiones y propuestas metodológicas

El Olivar constituye un caso reciente en que el vínculo entre un un pueblo originario y un sitio sagrado y patrimonial es desconocido por las instituciones del gobierno e investigadores científicos. Demasiado acomodades o inconscientes de sus posiciones de poder, les arqueólogues en Chile han pretendido por mucho tiempo investigar sobre el pasado sin considerar los contextos sociales, políticos y culturales del presente.

Hemos de cuestionar los marcos teórico-metodológicos que han guiado tradicionalmente –y recientemente– la práctica arqueológica desde un pensamiento crítico situado en el presente y en la contingencia. Cuestionar, por ejemplo, lo que entendemos por «patrimonio», por «cultura arqueológica», por «objeto» de estudio, así como la correspondencia de estas categorías al pasado. Los objetos antiguos forman parte de un continuo, de una identidad cultural que es fluida, cambiante y muchísimo más compleja que lo que puedan definir les arqueólogues en sus discursos académicos, y, tantas veces, academicistas. Como reflexionan Jofré y Otarola, los «sitios (arqueológicos) son resignificados con fines ceremoniales-rituales, jurisdiccionales, de vivienda, económicos, productivos o de explotación turística, que colocan en crisis a las categorías patrimoniales y de la conservación» (Jofré y Otarola, 2009, p. 171).

El caso de El Olivar constituye uno más de una larguísima lista de sitios patrimoniales en que se ha negado el derecho de las comunidades indígenas sobre su herencia ancestral. Resulta altamente preocupante que las comunidades científicas sigan contribuyendo a la violencia colonizadora o poscolonizadora, ya sea de forma activa o de forma pasiva, en la indiferencia y el silencio.

Los procesos de construcción de conocimiento en arqueología deben considerar los escenarios sociopolíticos del presente y comprender la necesidad de frenar la inercia colonizadora en nuestro continente. Creemos que los derechos específicos que nuestra disciplina ejerce sobre el patrimonio arqueológico conllevan la gran responsabilidad de trabajar con marcos teórico-metodológicos que contribuyan a restituir a los pueblos originarios sus derechos territoriales y patrimoniales ante el Estado y la sociedad. A través de la investigación científica tenemos la posibilidad de desmentir públicamente las omisiones y tergiversaciones propias de discursos colonizadores históricamente instalados.

La integración de las personas y comunidades indígenas a los procesos de investigación en arqueología pueden abordarse desde múltiples aristas. Proponemos que esta ocurra en el ámbito de la interculturalidad, donde las interacciones se den equitativamente. Esto requerirá que muchas veces sean les mismes arqueólogues quienes se acerquen a las comunidades para derribar las distancias históricamente instaladas entre la academia y las mismas.

Buscando que se multipliquen las voces indígenas expresando su sentipensar y voluntad respecto de El Olivar⁷, exponemos a continuación algunos extractos de entrevistas realizadas a personas pertenecientes a distintas organizaciones diaguitas respondiendo a las preguntas: «¿Qué le parece la investigación realizada en El Olivar? ¿Cómo le gustaría que se trataran este tipo de contextos a futuro?».

En palabras de la dirigenta diaguita Marcia Albanés⁸: «Creo que debieran permitirnos estar presentes en el retiro de los restos, dígase “osamentas funerarias”, es necesario un observador o varios que avalen dicho momento» (Comunicación personal, 2019).

Complementa Jennifer Ardiles: «Si existiera una entidad (o nosotros mismos, los pueblos originarios) que pudiera proteger y resguardar estos cementerios o sitios sagrados considerando tanto su valor espiritual como científico, estoy segura que no estarían en bodegas por los siglos de los siglos. Mi voluntad es que los restos pudieran regresar a su lugar de origen en una nueva ceremonia fúnebre (…). Hay otras opciones también de mostrar arqueología sin dañar el espacio, ni la espiritualidad del pensamiento indígena, como es por ejemplo usar réplicas de los cuerpos, sepulturas y ofrendas, esto mismo puede ser de la mano de artesanos locales» (Comunicación personal, 2019).

Doris Araya manifiesta: «Mi sentir es que cada cosa que se haga que se consulte y que nosotros estemos ahí presentes. Que si hay que sacar más tumbas, bueno, que estemos nosotros ahí, haciéndolo con respeto, haciendo ceremonias, comunicándonos con nuestros espíritus, si ellos tienen mucho que decirnos (…) recuperar El Olivar, que sea de acceso libre para nosotros. Que tengamos un espacio abierto donde los diaguitas entren, donde haya trabajo también para nosotros, con salas, talleres, que estén también los niños aprendiendo de historia. Y hacer algo así como un museo pero activo, vivo» (Comunicación personal, 2019).

En las citas podemos recoger la inquietud de personas del pueblo diaguita de ser incluidas en la planificación y el desarrollo de metodologías y estrategias de investigación y difusión. Se expresa el deseo de participar en el proceso de excavación, tanto en las labores mismas como con ceremonias que medien con les ancestres, resguardando así la dimensión sagrada de los restos antiguos. Al mismo tiempo, se reconoce la voluntad compartida por participar en instancias de educación y difusión en torno al sitio.

De manera sintética, proponemos las siguientes acciones para el trabajo arqueológico, en consideración de los derechos indígenas y la ética profesional: informar y solicitar permisos de manera oportuna a las personas/familias/comunidades originarias que puedan ser herederas de un patrimonio respecto del descubrimiento y trabajos propuestos con el mismo; considerar e integrar de manera horizontal a estas personas/familias/comunidades y sus sentipensares en la elaboración y seguimiento de metodologías científicas; abrir oportunamente el acceso a los sitios con fines rituales, educativos, laborales, o los que se estimen necesarios por parte de las personas/familias/comunidades originarias; apoyar la realización de consultas indígenas de carácter vinculante; apoyar el reentierro y la repatriación de restos humanos y patrimonios en general cuando se solicite; promover y apoyar la formación y mantención de museos comunitarios; potenciar el conocimiento y reflexión de las comunidades locales en torno a su patrimonio o herencia ancestral, considerando instituciones educacionales, juntas de vecinos u otras agrupaciones relevantes en los territorios; generar un entorno respetuoso y consciente entre colegas y otres trabajadores en rescates e investigaciones arqueológicas, respecto de las personas/familias/comunidades originarias y sus patrimonios; contratar a personal especializado para generar instancias de integración horizontal con personas/familias/comunidades locales y originarias pertinentes, tales como antropóloges y trabajadores sociales.

Para que las posibilidades anteriores se den ética y oportunamente, es necesario aumentar y sostener el diálogo interdisciplinario e intercultural entre comunidades locales, pueblos originarios, especialistas, académicos, ciudadanía, autoridades políticas y sector privado, para así fortalecer la mutua empatía y consideración. Se propone la promoción y participación en mesas de diálogo (o equivalentes) que sean representativas, horizontales, colaborativas y persistentes en el tiempo, y que sean observadas por instituciones que velen por los derechos humanos (como el indh, onu, cidh, Corte idh, entre otras). La implementación, reevaluación y mejora constante de estas prácticas integrativas pueden ser claves para descolonizar las prácticas de nuestra disciplina en torno al patrimonio.

Apuntamos a que el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A. G. y la Sociedad Chilena de Arqueología definan una postura política y ética clara respecto de los pueblos originarios y sus patrimonios, promoviendo un enfoque social, multivocal y necesariamente comunitario. Esta orientación debe ser fundamentada en el ámbito académico, reflejándose también en las mallas curriculares universitarias de arqueología y antropología, incluyendo debidamente la reflexión crítica en torno a los derechos humanos e indígenas, insistiendo en la necesidad de incorporar y promover estos parámetros éticos y legales.

Como expresa Marcia Albanés: «El poder generar o educar la relación entre el mundo científico y el ancestral es “un tema”, que va desde otorgar verdadero valor a lo que no se puede ver, no se puede tocar, hasta cómo fueron catalogados en un principio a nuestros ancestros como seres sin alma, y por lo cual no merecerían ningún tipo de respeto. No existe aún esa conexión que logre aunar un entendimiento entre el arqueólogo y el descendiente diaguita, previo a cualquier trabajo de excavación. Esta relación entre los arqueólogos y las comunidades debiera plantearse quizá en un ramo en la universidad» (Comunicación personal, 2019).

Considerando la insuficiencia de las leyes e instituciones chilenas relativas a los derechos indígenas, insistimos en el potencial de la arqueología para apoyar procesos de descolonización en Chile. Nosotres, que conocemos bien el pasado y el violento avance colonialista de los últimos quinientos años, podemos también oír el antiguo llamado de justicia y reivindicación de nuestros pueblos originarios. El conocimiento sobre el pasado puede abrir conciencias respecto del presente y conlleva, asimismo, una responsabilidad respecto del futuro.

Notas

¹ Antigua toponimia del río Elqui y de la bahía de Coquimbo (Cerda, 2009; Cerda y López San Francisco, 2016).

² Documento técnico presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (sea) para valorar los impactos ambientales de un proyecto sobre el medioambiente natural y cultural.

³ Entendidos como la manera de comprender y de habitar el mundo, correspondientemente.

⁴ Presidente comunidad diaguita Ema Piñones, guía espiritual de la Red Nacional Diaguita, consejero regional de Pueblos Indígenas (Región de Atacama).

⁵Lideresa y yerbatera diaguita.

⁶Lideresa y artesana diaguita.

⁷ Las preguntas fueron realizadas por les autores a representantes del pueblo diaguita para la realización de este artículo.

⁸ Presidenta de la organización Fuerza Indígena Diaguita.

Referencias citadas